El Instituto Nacional Electoral (INE) pasó den ser un organismo imparcial y ciudadano, a una dependencia federal más del gobierno de la república. El INE dejó de ser un organismo electoral confiable para los votantes.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, traicionó a los ciudadanos para convertirse en el Fernando Gutiérrez Barrios o Manuel Bartlett Díaz, el árbitro del gobierno en las elecciones.
La calificación de validez de las elecciones judiciales del 1 de junio, a pesar del cúmulo de delitos electorales como la inducción al voto, hicieron de los comicios los más fraudulentos.
Como ocurrió en el Senado en el papel determinante un voto para aprobar la reforma judicial, se repitió la escena con la consejera ciudadana Carla Humphrey.
Pese a cuestionar las graves anomalías, emitió el voto a favor, al estilo de Miguel Ángel Yunes Márquez, para validar la elección judicial: 6 a favor y 5 en contra, de los 11 consejeros.
Humphrey es la esposa de morenista Santiago Nieto Castillo, ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ex procurador de Justicia del estado de Hidalgo y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
No hicieron mella en la consejera el hallazgo de casillas con más votos que votantes, boletas marcadas, pero sin dobleces, caligrafía idéntica en múltiples sufragios, desaparición de listados nominales y la inducción al voto a través de “acordeones”.
Un total de 818 casillas en 25 entidades, de un total de 84 mil instaladas, fueron excluidas del cómputo por anomalías graves.
El 61 por ciento de las casillas ganaron entre seis y nueve de las candidaturas promovidas mediante los “acordeones” distribuidos en redes sociales y a las puertas de las casillas por los operadores electorales de Morena para hacerse del control del Poder Judicial
En 19 mil casillas, los nueve aspirantes afines al gobierno de la 4T del partido-estado, obtuvieron el triunfo, y en otras 10 mil, ganaron ocho de los nueve propuestos.
“No se trata sólo de una elección cuestionable, sino de una operación política orquestada para controlar el Poder Judicial”, declaró el conejero Martín Faz, quien voto en contra junto con los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y Arturo Castillo.
Con todo el cúmulo de pruebas y evidencia de la operación política de Morena para tomar por asalto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente impuesto por el fraude, ‘Hugo Aguilar Ortiz, tuvo la desfachatez de declarar: “a mí nadie me puso”: “me puso el pueblo” (sic).
En la elección judicial fraudulenta de Morena, de los casi 13 millones de votantes, fueron anulados 3 millones 779 mil 662 votos, lo que redujo aún más la base de votantes de Morena para imponer a jueces, magistrados y ministros.
Las listas de los jueces de distrito y magistrados electos corresponden en la misma proporción a los votos inducidos con los acordeones de la 4T en los estados operados por los gobernadores de Morena que tendrán jueces de distrito a modo por filiación partidista.
La validez de la elección aprobada por el INE es impugnable en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde es previsible su rechazo, porque los magistrados del TEPJF están al servicio del gobierno de la 4T.
Con un proceso electoral fraudulento, el Poder Judicial Federal es “todo Morena”, el partido del oficialismo.
Pasarán muchos años, quizá décadas, para revertir el daño a la impartición de justicia, misma que estará en manos de juzgadores militantes partidistas, y serán las decisiones políticas las que sustituyan el rigor técnico y jurídico en las resoluciones judiciales. Al tiempo.
