Puebla se posiciona en el Top Cinco de los estados entre las entidades con mayor violencia política, detrás de Morelos en primer lugar con 17 incidente de violencia.
Establece un estudio de la empresa consultora Integralia en el reporte de violencia política en el primer trimestre de 2025 en el país, con 104 incidentes.
El estado de Veracruz se ubica en segundo lugar con 13, donde se realizan campañas para renovar los 212 ayuntamientos el 1 de junio.
En el tercer sitio se ubica Oaxaca, con 12 incidentes de violencia política; Puebla con 11 y el estado de Guerrero con 9,
Si bien disminuyeron los actos de violencia política en el país porque salvo en Durango y Veracruz, en el resto de las 32 entidades no hay elecciones.
Respecto a las relacionadas con el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces, no se reportan incidentes de violencia porque no son de mayor interés ciudadano.
Pese a ello, reportó Integralia Consultores, de los incidentes de violencia política en el primer trimestre, los homicidios encabezan los listados con 50 casos, seguida por amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestro (11), desapariciones (2) y otros delitos (2).
De la concertación de la violencia a nivel municipal: 81.7 de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban a ocupar cargos municipales.
Esta situación pone en evidencia la fragilidad institucional de ese nivel de gobierno, particularmente frente a los esfuerzos de infiltración del crimen organizado.
En el primer trimestre de 2025, Morena fue el partido que concentró el mayor número de casos de violencia política (30), lo que se explica en parte por el alto número de cargos públicos.
Por otro lado, indica el reporte de Integralia Consultores, cinco casos se dieron en contra de partidos pequeños. Incluido el PSD de Oaxaca, Nueva Alianza en Morelos y Oaxaca, y Fuerza por México, en Puebla.
Los efectos de la violencia política, los interpreta la empresa consultora en el caso de los políticos, al relacionarlos con gobiernos sometidos por el crimen organizado; políticos, programas y acciones alienados con intereses criminales.
Respecto a los efectos económicos, los vincula a la explotación de la economía local por grupos criminales que establecen precios para productos y servicios básicos, y que en ocasiones deciden incluso quiénes pueden producirlos y comercializarlos.
