Como cualquier reportero de visita a una ciudad, de viaje de trabajo o de placer, para conocer qué está pasando en ese lugar, te reporteas al taxista o enciendes la radio para monitorear noticias. En solo un par de minutos en el resumen informativo de una de las estaciones con mayor audiencia, abundaron los titulares que describen la sangre, muerte y el horror en Veracruz.
En Poza Rica, al norte del estado, un padre de familia de un colectivo de buscadores de desaparecidos perdió la vida a consecuencia de una goliza que la propinaron un par de policías.
El ciudadano veracruzano que estaba en la búsqueda de un sobrino en encontró la muerte al ser levantado por policías y golpeado en la comandancia.
En ese mismo lugar este fin de semana fue privada de la libertad una joven mujer, hija de otro buscador de desaparecidos -hay muchos- en esa región norte del estado gobernado por Morena.
Como parte del resumen informativo de lo ocurrió el fin de semana en esa entidad vecina a Puebla, un grupo armado asesino con más de diez disparos a empresario e hijo en Córdoba cuando jugaban Padel.
Los homicidas huyeron y nadie pudo detenerlos o dar con su paradero, y eso ocurre con operativos tardíos de las policías de los tres órdenes de gobierno.
El doble crimen ocurrió en un fraccionamiento de nivel socio-económico alto, lo que escandalizó a un más a una sociedad cordobesa asolada por la delincuencia organizada que sigue impune en el gobierno de la morenista Rocío Nahle.
Los hechos de violencia informados en un lunes por la mañana en un día festivo como el l7 de marzo, el noticiario radiofónico dio cuenta del hallazgo de seis cuerpos sin vida enterrados en una cueva en Acultzingo.
No fue la comisión estatal encargada de la búsqueda de personas desaparecidas, las que buscaron y encontraron la fosa clandestina, fueron los familiares buscadores de víctimas de la delincuencia.
Es la herencia reciente de la complicidad de Cuitláhuac García, mandatario morenista protegido hasta la ignominia por Andrés Manuel López Obrador, y blindado por la presidenta Claudia Sheinbaum al asignarle un cargo público federal.
Los restos humanos fueron hallados al interior de una cueva en Acultzingo, municipio vecino de Puebla, en la sierra de Zongolica, zona controlada por la delincuencia organizada.
Una fosa clandestina utilizada por grupos criminales de Veracruz para ocultar a sus víctimas, u hornos clandestinos de exterminio de los nazi-narcos de Jalisco, es lo mismo, como lo fue en pozolero en Tijuana, cuál es la diferencia de la crueldad y el horror que impera en el país.
Remató el resumen informativo radiofónico con la identificación de por lo menos seis ciudadanos veracruzanos entre las victima del campo de exterminio en Jalisco, con base a la identificación del colectivo “Solecito”, y adelantaron que cuatro más están en proceso de identificación.
Pero hay más. Justo este inicio de semana el gobierno federal informó de la detención en Veracruz de “El Veterano”, un líder la Mara Salvatrucha que figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos.
Empero para los actuales gobernantes estatales y federales no son suficientes lo hechos y los indicios del salvajismo de los narcodelincuentes, exigen, como lo hizo la presidenta, “pruebas científicas”, y qué por favor esa oposición de conservadores ya “deje en paz” a AMLO.
De lo ocurrido en el sureste mexicano, la presidenta calificó de “campañas negras” la violencia en ciudad de Tabasco, y enalteció el legado de López Obrador.
Lo único que pone en duda la primera mandataria es el terrorífico campo de entrenamiento y exterminio en el rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores.
Para la titular del Ejecutivo federal no son suficientes las pruebas e indicios, así ocurrió con los reportajes del periódico estadounidense The New York Time (NYT) sobre la existencia de laboratorios de fentanilo en Culiacán, Sinaloa.
La comandante en jefe de las fuerzas armadas instruyó a los altos mandos desmentir en las conferencias de prensa mañaneras la existencia de tales laboratorios, como lo hizo también el entonces presidente López Obrador quien negó la producción y tráfico de esa droga mortal a EU.
No esperó la jefa del Ejecutivo la comprobación científica de la existencia de laboratorios de fentanilo -que se produce hasta en Puebla y Tlaxcala-, bastó la orden del presidente estadounidense Donald Trump, solo entonces.
Con los operativos realizados de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con Omar García Harfuch, la Guardia Nacional, La Marina y el Ejército, han desmantelado laboratorios de fentanilo en varios estados del país, y detenido miles.
El gobierno de la 4T.2 trabaja para Donald Trump en el combate a los “cárteles terroristas internacionales”, a él sí le cree y no le exige “pruebas científicas”; como lo hizo con los buscadores de desaparecidos de Jalisco. Mal y de malas.
