Desmembrar, cercenar o calcinar cuerpos, como parte de los delitos de homicidios dolosos, es el ambiente horrendo con el que viven los poblanos todos los días. La estela de muerte está ligada al huachicol, al robo carretero, narcomenudeo, extorsiones, cobro de piso, desapariciones, tráfico de migrantes y el robo de autos.
El caso más revelador fue el reciente desmantelamiento de un laboratorio para la producción de drogas sintéticas de una facción del Cártel de Sinaloa.
Los delitos anteriores ubican a la entidad poblana en el top ten de la incidencia delictiva nacional, reflejan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Puebla, como uno de los cinco estados más importantes del país, por su territorio y actividad económica, no podía estar exento de la onda expansiva de la inseguridad pública y la criminalidad de los últimos años.
El problema existía, en menor medida y ascendente en las últimas décadas, pero el crecimiento explosivo de la criminalidad ha sido en los gobiernos del régimen actual.
Los responsables de la criminalidad y el terror impuestos son las células sanguinarias del crimen organizado en Puebla, los cárteles con presencia y dominio en vastos territorios.
El hallazgo de nueve cuerpos mutilados en un auto abandonado en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca -presuntamente de jóvenes- es una muestra de los cientos de casos ocurridos en el estado.
El gobierno estatal admitió recientemente -después de negarlo- que operan en Puebla los cárteles de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Familia Michoacana, Cárteles Unidos, declarados por el gobierno de EU como “cárteles terroristas internacionales”.
Puebla, como en la casi totalidad de estados, sufre de este flagelo por la omisión criminal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que abogó por proteger los derechos humanos de los delincuentes, con la política de “abrazos y no balazos”.
Se trata de esos grupos delictivos que han corrompido a la Policía Estatal y Municipal, infiltrado a los partidos políticos para financiarlos y postular candidatos, así como controlar a políticos y la economía local.
En este contexto, cómo decirle al gobierno de Estados Unidos que México no está “dirigido por los cárteles de la droga conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control de regiones enteras”.
Es una “relación intolerable del gobierno mexicano con narcos” que le han ofrecido al crimen organizado un “refugio seguro” a los cárteles que “controlan regiones enteras” del país, acusó la Casa Blanca al justificar la aplicación de aranceles de 25 %.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “ofensivo y difamatorio” lo señalado por la Casa Blanca y anunció que responderá a los aranceles de Trump en la “plaza pública” (Zócalo de la Ciudad de México) el domingo 9 de marzo.
Sheinbaum y el régimen que encabeza deberá demostrar que los cárteles de Sinaloa y Jalisco no fabrican fentanilo en laboratorios clandestinos en México.
Una y otra vez el entonces presidente López Obrador negó la existencia de laboratorios de fentanilo, e hizo lo propio la presidenta al rebatir los reportajes de medios estadounidenses como el New York Times.
La Casa Blanca insistió en la existencia de una “alianza” entre el gobierno mexicano y los cárteles que, afirmó, “pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos”. Por ello, dice, “debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”.
Antes esta realidad de la violencia criminal que se vive en Puebla, y en otras entidades, con un López Obrador, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, legisladores y políticos protectores del crimen organizado.
El domingo 9 en el Zócalo de Ciudad de México, Sheinbaum hará el llamado de envolverse con la Bandera nacional en defensa la soberanía nacional.
El oficialismo se lanza al vacío al no deslindarse de narcopolíticos que tiene entre sus filas y deshacerse de alianzas con grupos delictivos en los estados que tienen al país al borde de una recesión económica.
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