Si los gobernadores de Morena, el PAN, el PRI o el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tienen o mantuvieron algún vínculo de cogobierno con los cárteles “terroristas”, les convendría contratar un buen despacho de abogados penalistas. En una de las recientes columnas advertí del alcance de la política del gobierno de Estados Unidos contra la “narcopolítica” en México, con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump contra los capos del narcotráfico. (https://regionalpuebla.com.mx/2025/01/26/eu-narcopolitica-en-la-mira-contra-carteles-terroristas/).
Posterior al cumplimiento del gobierno mexicano a la orden de Trump de entregarles a los narcos extraditables, 29 encarcelados en diferentes prisiones federales, entre éstos Caro Quintero, Vicente Fuentes, los hermanos Treviño y otros, el gobierno de EU va por los narcopolíticos mexicanos.
Según reportes del Wall Street Journal , el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, amenazó a los jefes militares de México durante una llamada telefónica del 31 de enero, afirmando que el Ejército estadounidense tomaría medidas unilaterales si México no actuaba contra la colusión oficial con los cárteles del narcotráfico.
El diario neoyorquino citó fuentes informadas sobre la llamada, quienes afirmaron que Hegseth advirtió que si México no abordaba la complicidad entre el gobierno y los cárteles de droga, el Ejército estadounidense estaría preparado para tomar medidas sin el consentimiento de México.
Los altos mandos mexicanos presentes en la llamada se sintieron sorprendidos y enojados, interpretando las palabras de Hegseth como una advertencia de posibles acciones militares en territorio mexicano.
Sin embargo, el Pentágono emitió un comunicado el 1º de febrero en el que informó sobre dos llamadas separadas realizadas por Hegseth a sus contrapartes mexicanos, el Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Revilla y el Secretario de Marina Raymundo Morales.
En este comunicado, no se mencionó ninguna amenaza militar ni se hizo referencia a la conversación detallada por el Wall Street Journal. En su declaración, el Pentágono enfatizó que la principal prioridad de Hegseth era la protección de los ciudadanos estadounidenses.
Por la actitud del gobierno federal de la 4T, para acatar todas las exigencias del presidente de EU Donald Trump, aunque dieron la impresión de proteger al capo Ismael Zambada con las reformas enviadas por la presidenta para blindar la “soberanía”, en realidad está dirigida esa reforma constitucional para proteger a los protagonistas de la “narcopolitica”.
Las últimas evidencias de la pertenencia partidista y cercanía del despacho de abogados y litigantes con Morena y figuras públicas como legisladores y la propia titular del Ejecutivo federal, dan pistas respecto a la gravedad de la “narcopolítica”.
El insaciable poder de Donald Trump para humillar al gobierno mexicano, no solo por los insultos sino por las acciones inmediatas y las anunciadas en la aplicación de aranceles a las exportaciones, todo indica que irán más allá de ver en prisión con sentenciados a muerte a narcos, sino que van tras la red de complicidades de los gobernantes que facilitaron las operaciones de los narcos.
Los que viene en el combate al narcotráfico por los Estados Unidos, posterior a la declaratoria de “terroristas internacionales” a los cárteles, es de pronóstico reservado para los gobiernos de México y Venezuela.
