Por voluntad no para el gobernador Alejandro Armenta Mier para reunirse con sus homólogos de los estados con quienes Puebla comparte límites territoriales.
Visitó la capital del estado vecino de Morelos para reunirse con la gobernadora, también morenista, Margarita González Saravia.
Los mandatarios firmaron un convenio marco de colaboración, teniendo como principales ejes los relacionados a la seguridad pública y a la economía regional.
Acompañaron a Armenta los integrantes del gabinete de seguridad y del económico, para reunirse con sus homólogos. Hasta aquí, está bien. ¿Y?…
Se trata de la misma ruta de visitas oficiales con los gobernadores de los estados vecinos, aquellos con problemas más graves relacionados a la delincuencia.
En la era de la 4T (Cuarta Transformación) los gobernadores poblanos anteriores como Miguel Barbosa (+) y Sergio Céspedes hicieron lo propio con los respectivos homólogos de estados vecinos.
La misma pasarela para abordar temas de seguridad pública -principalmente- la realizaron con sus pares: Cuitláhuac García, de Veracruz; Cuauhtémoc Blanco, Morelos; Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Evelin Salgado, de Guerrero; etcétera, y nada; o por lo menos no se reflejó en una mejor seguridad pública.
Sin embargo la incursión a territorio poblano de grupos criminales activos de estados vecinos no solo es permanente, sino que dominan vastas regiones, como ocurre en el sur del estado, colindantes con los estados de Guerrero y Morelos.
Los mismo ocurre con la extensa vecindad limítrofe de Puebla con Veracruz, desde el centro como lo son el municipio de Esperanza y zona montañosa veracruzana, en sus colindancias con la Sierra Madre Oriental, las sierras norte y nororiental; de Xalapa hasta Tuxpan, pasando por Poza Rica y Martínez de la Torre.
No existen resultados visibles que indiquen una disminución de los índices delictivos por la presencia territorial del crimen organizado, por el contrario, se agrava y no existe una medición de resultados derivados de los “acuerdos” entre gobernadores.
Han terminado los encuentros entre los gobernadores como verdaderos actos protocolarios oficiosos, pero se desconocen los planes o resultados: los hechos de violencia y criminalidad hablan por sí solos, con base a las estadísticas del SNSP.
El territorio poblano está hecho un queso gruyet por laactividad de bandas delictivas dedicadas al huachicoleo, tráfico de personas -migrantes-, asaltos a camiones de carga, trasiego y producción de drogas, trata de personas, extorsiones con el “gota a gota” y en el robo de autos…
En el segundo periodo gubernamental en la era de la 4T, posterior a una larga permanencia del PRI en el poder, y dos administraciones del PAN -de seis y dos años – en la gestión Barbosa-Céspedes, el problema de la inseguridad se agravó, y con Armenta (4T.2) se esperan resultadosmedibles.
Y no es que la esperanza esté depositada en la militarización de las corporaciones de seguridad pública estatal y municipales, sino más bien en la efectividad y existencia de una estrategia de prevención y disminución de los índices delictivos.
No se conoce hasta hoy una estrategia estatal contra la inseguridad pública, ni plan integral de acción directa para acabar con la delincuencia, como tampoco las políticas públicas transversales.
Los recientes hechos de violencia en el municipio serrano de Zacatlán relacionados con la delincuencia, solo demuestran la ausencia de una estrategia con acciones contundentes, y el exceso de saliva en los discursos oficiales en la materia.
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