Con la orden ejecutiva del presidente de EU, Donald Trump, de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, los más preocupados deben ser los ex y actuales gobernantes. El republicano ha declarado de manera reiterada -en campaña y como presidente- que los cárteles de la droga son los que gobiernan y controlan importantes regiones del país.
Con la presunta estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de “los abrazos y no balazos” para abatir la inseguridad pública, florecieron los cárteles que tienen bajo su control regiones importantes de los estados.
De facto, el crimen organizado cogobierna en municipios y entidades de la República donde sigue en ascenso su influencia social, económica, empresarial, cultural y política.
Es mayor su presencia en gobiernos del norte al sur, del oriente al poniente, en los partidos políticos, con candidatos propios en campañas electorales, y con el control corporaciones de seguridad pública en estados y municipios.
Tanto el expresidente como los gobernadores y alcaldes de Morena y otros partidos, están bajo la lupa del Departamento de Estado y la DEA respecto a sus vínculos de cogobierno con distintas bandas de la delincuencia organizada.
La lista es enorme de funcionarios federales, legisladores, gobernadores, alcaldes y mandos policiacos involucrados con el crimen organizado, que adquiere ya proporciones impensables de la narcopolítica en más de la mitad de las entidades federativas.
FLORECIÓ LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESTADOS
Los hechos hablan por sí solos de los vínculos abiertos de la delincuencia con varios de los gobiernos del oficialismo, y son varios los botones de muestra, a juzgar por los hechos y las denuncias de sectores de la sociedad.
Así ocurre con el mandatario estatal morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien relacionan con el dividido Cártel de Sinaloa en pugna: “Los Chapitos” versus “La Mayiza”.
Ese cártel llamó a los sinaloenses a votar por el candidato de Morena a la gubernatura, Rocha Moya, con base en las revelaciones de la periodista Anabel Hernández, le financiaron la campaña.
Los dirigentes nacionales de los partidos de oposición denunciaron que en víspera y durante la jornada comicial en 2021 en ese estado del occidente, grupos de civiles armados secuestraron a operadores electorales del PRI y PAN para desmantelar su estructura de movilidad electoral en las casillas y en los respectivos consejos electorales.
Sinaloa vive un infierno por los enfrentamientos entre las facciones de ese cártel, en una trama de traiciones y vendettas, como ocurrió con el secuestro y posterior traslado a EU del capo Ismael “El Mayo” Zambada.
En estos hechos está involucrado Rocha Moya, incluido el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense, diputado federal y exalcalde de Culiacán.
Pese al engaño de la Fiscalía General del Estado de simular el asesinato de Cué Ojeda en un punto distinto donde ocurrieron los hechos (26 jul 2024), Rubén Rocha es apoyado por AMLO, Morena y el Gobierno Federal, pese a las manifestaciones callejeras de repudio en Culiacán.
El cogobierno de varios de los mandatarios estatales con los cárteles ha consumado una realidad en México clasificada como narcopolítica, que tiene su mayor auge durante el régimen de la Cuarta Transformación, el movimiento lopezobradorista convertido en Partido-Estado, con la creciente sospecha de estar a la sombra de la narcopolítica.
Los casos más elocuentes de los presuntos vínculos de los gobernantes con la delincuencia, además de Sinaloa, destacan los más recientes -por escandalosos- de los estados de Chiapas y Tabasco, este último de donde es oriundo el (ex)presidente López Obrador.
Más de una denuncia existe, hasta del propio gobernador morenista de Tabasco, Javier May Rodríguez, respecto a los acuerdos y vínculos del gobierno de Adán Augusto López Hernández -actual senador- con el crimen organizado.
La narcopolítica con Morena en Tabasco hizo del Paraíso del Edén un Infierno dantesco con la ola de violencia y crímenes en ese estado.
En Puebla fue detenido, en San Martín Texmelucan, el jefe mafioso del grupo delictivo “La Barredora” de Tabasco, conocido con los alias del “Lic” o “Licenciado Tomasín”.
Este mafioso identificado por la Secretaría de Seguridad Pública como Carlos Tomás Díaz trabajó durante 2016 y 2017 como “ayudante” en la presidencia municipal de Macuspana; se presume fue litigante y se desempeñó como “administrador” de diferentes jefes policiaco durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández.
“La administración anterior debe explicar si hubo pacto con la delincuencia”, aseguró el gobernador Javier May Rodríguez, en una de sus conferencias de prensa mañanera.
El gobernador, también morenista, se refirió al senador y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, López Hernández, como el artífice de los acuerdos para torcer las leyes para obtener los votos del PAN en la aprobación de la reforma al Poder Judicial federal.
No muy lejos, en Chiapas, el exgobernador de Morena, Rutilio Escandón Cárdenas, fue premiado como cónsul de México en Miami, Florida, luego de dejar aquella entidad en manos de la delincuencia que se apoderó de la frontera sur para el control del jugoso negocio del tráfico de personas y el trasiego de drogas.
Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador entrante, también de Morena, recibió un estado controlado por la delincuencia organizada en la capital, en Comitán y San Cristóbal de las Casas, entre otras ciudades, donde los delincuentes crecieron al amparo de Rutilio Escandón.
El estado de Guerrero, gobernado en los hechos por el morenista Félix Salgado Macedonio a través de su hija, y quien pretende ser el candidato a gobernador, está bajo el dominio de grupos de delincuencia organizada, con quienes cogobiernan la entidad en las regiones más importantes, incluidas la capital y el puerto de Acapulco.
Es el estado donde el crimen organizado asesinó, decapitó y exhibió en el toldo de una camioneta la cabeza cercenada del alcalde Alejandro Arcos.
Arcos emanó del PRI, PAN y PRD para derrotar a Morena, el partido oficialista de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández, exhibida en un video reunida con Celso Ortega, el líder del grupo criminal conocido como Los Ardillos.
Tamaulipas es uno de los estados del noreste con un gobernador como Américo Villarreal Anaya, con señalamientos de financiamiento a su campaña por el crimen organizado (Sergio y Julio César Carmona), en el que se involucró el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el flamante secretario de Educación Pública federal.
Otro de los llamados narcoestados es Michoacán, donde diferentes sectores sociales han denunciado el respaldo de las bandas delictivas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la entidad donde los alcaldes de ese partido vitorean y reciben regalos del cártel liderado por Nemesio Oceguera (CJNG), oriundo de Aguililla.
Dos exmandatarios más de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, gobernaron las respectivas entidades entregadas a la delincuencia, con la presencia de personajes ligados al crimen en sus administraciones.
Las actuales gobernadoras de los respectivos estados, Veracruz y Morelos, han empezado una limpia respecto a los vínculos del gobierno con grupos delictivos.
Tuvo que llegar Rocío Nahle García a la gubernatura para, por ejemplo, desmantelaran una red de cámaras de videovigilancia ilegal, el C5 del crimen organizado en el corredor urbano del puerto de Veracruz al municipio de Boca del Río, delincuentes que tenían la protección de Cuitláhuac García.
La zona sur de aquella entidad, de Acayucan a Coatzacoalcos, como en el norte en Tuxpan y Poza Rica, o en el centro en las montañas, en el corredor Córdoba-Orizaba, están bajo el control de la delincuencia que obtuvieron de ese gobernador el reparto del territorio.
En Morelos, detrás de las indagatorias por corrupción durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, realizada por el gobierno de Margarita González Saravia, es la punta del iceberg para romper con la infiltración de la delincuencia en la administración pública.
Los casos más graves del dominio de la delincuencia mediante la violencia son los que ocurren en el Estado de México, con Morena, y en Guanajuato, gobernado por el PAN.
En el Edomex ha empezado un operativo para desmantelar la presencia de la delincuencia en las presidencias municipales donde gobierna el crimen a través de partidos como Morena y PRD.
Dos exmandatarios más de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, gobernaron las respectivas entidades entregadas a la delincuencia, con la presencia de personajes ligados al crimen en sus administraciones.
Las actuales gobernadoras de los respectivos estados, Veracruz y Morelos, han empezado una limpia respecto a los vínculos del gobierno con grupos delictivos.
Tuvo que llegar Rocío Nahle García a la gubernatura para, por ejemplo, desmantelaran una red de cámaras de videovigilancia ilegal, el C5 del crimen organizado en el corredor urbano del puerto de Veracruz al municipio de Boca del Río, delincuentes que tenían la protección de Cuitláhuac García.
La zona sur de aquella entidad, de Acayucan a Coatzacoalcos, como en el norte en Tuxpan y Poza Rica, o en el centro en las montañas, en el corredor Córdoba-Orizaba, están bajo el control de la delincuencia que obtuvieron de ese gobernador el reparto del territorio.
En Morelos, detrás de las indagatorias por corrupción durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, realizada por el gobierno de Margarita González Saravia, es la punta del iceberg para romper con la infiltración de la delincuencia en la administración pública.
Los casos más graves del dominio de la delincuencia mediante la violencia son los que ocurren en el Estado de México, con Morena, y en Guanajuato, gobernado por el PAN.
En el Edomex ha empezado un operativo para desmantelar la presencia de la delincuencia en las presidencias municipales donde gobierna el crimen a través de partidos como Morena y PRD.
Fresnillo y Zacatecas son las ciudades más golpeadas por la delincuencia ante los gobiernos fallidos de David Monreal y el alcalde Saúl Monreal, hermanos del exgobernador Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Como ocurre en otros estados, al acabar los abrazos a los delincuentes, en el combate a los criminales, en estados como Puebla los gobiernos entrantes empiezan a dar golpes a los grupos delictivos, incluido el principal generador de violencia, el grupo “La Barredora”, al ser detenido uno de los líderes.
Durante las administraciones de Miguel Barbosa Huerta (+) y Sergio Céspedes, ni vieron ni oyeron la presencia del crimen organizado; negaron su existencia en el estado, pese a ocupar Puebla los primeros lugares en el robo a camiones de carga, en tomas clandestinas de huachicoleros y en el promedio de 2 a 3 homicidios dolosos diarios cometidos durante eso periodos.
El caso más escandaloso fue el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas del presunto Cártel de Sinaloa en el Mirador La Calera, en un operativo federal de la Semar y la GN, con la detención de una docena de personas.
Ya se puede entender la complicidad por omisión o comisión de los mandos policiacos designados por Barbosa (+) y Céspedes en la SSP estatal.
GOBERNADORES, SUSCEPTIBLES DE SER INVESTIGADOS POR EU POR VÍNCULOS CON CÁRTELES
En esta revisión y en este contexto, llama la atención el comunicado emitido por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) frente a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales.
Los gobernadores de la Conago “rechazan de manera categórica cualquier intento de injerencia externa que vulnere nuestra soberanía nacional”.
“En defesa de nuestra independencia y autodeterminación, hacemos un llamado a respetar los principios de no intervención y de respeto mutuo entre las naciones”, subrayan en un párrafo entre todo el texto.
¿A qué “injerencia externa” se refieren los gobernadores, y cuál “soberanía nacional” defienden?, ¿la de los cogobiernos?
Al pronunciarse “en defensa de nuestra independencia y autodeterminación, hacemos un llamado a respetar los principios de no intervención”, ¿exactamente a qué se refieren los gobernadores? ¿Es autodeterminación de los pueblos optar por la narcopolítica y el narcoestado?
Apelan al principio de “no intervención” para dejar a salvo el poder de fuego y dominio con la violencia de los cárteles en territorios bajo su dominio. Son más preguntas.
Saben los gobernadores de la Conago que al declarar el presidente de EU la guerra a los cárteles mexicanos, al declararlos terroristas internacionales son enemigos de la Unión Americana, y las áreas de inteligencia de ese país pueden documentar los vínculos de la delincuencia con los gobiernos en México: presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces y magistrados.
El embajador trumpista de EU en México es Ronald Johnson, un veterano de la CIA y exboina verde, experto en la materia en las áreas de inteligencia para América Latina.
EL DICTADOR VENEZOLANO, NICOLÁS MADURO, DECLARADO POR EU LÍDER DEL “CÁRTEL DE LOS SOLES”
Para el gobierno de EU, desde la perspectiva de Donald Trump, un gobierno como el venezolano de Nicolás Maduro, es parte de un grupo delictivo del narcotráfico –Cártel de los Soles– y le ha puesto precio a la cabeza del chavista, con el pago de una recompensa.
En México, los gobernadores y el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la lupa del Departamento de Estado del gobierno de Trump, saben del riesgo que corren de tener la misma suerte del dictador Nicolás Maduro, de ser acusados de formar parte de esas empresas criminales.
Con el control absoluto de los Poderes del Estado, el Partido-Estado Morena y el régimen propio de la Cuarta Transformación (4T) enfrentará la disyuntiva de combatir a la delincuencia organizada, donde caerá más de un político involucrado, o…
Enfrentar al gobierno de EU de Donald Trump para seguir con “los abrazos” a la delincuencia en un frente común en defensa de la “independencia”, la “soberanía nacional”, la “autodeterminación” y el “rechazo a la injerencia externa”.
Los departamentos de Estado y de Justicia, la DEA y la fuerza militar de EU tienen muy clara y precisa la orden ejecutiva presidencial de hacer frente al terrorismo internacional al clasificar en esa categoría a los cárteles mexicanos y al cártel liderado por el dictador Nicolás Maduro.
El régimen de la 4T tiene un grave y doble problema con los cárteles “terroristas”: además de la producción de fentanilo y el trasiego de drogas, controlan también el tráfico de personas a Estados Unidos, y los mexicanos corren en riesgo de ser rehenes de la narcopolítica.
X@pabl_ruiz
Face: Pablo Ruiz Meza
E-mail: como_director@yahoo.com.mx
