Si el transporte público de pasajeros no fuera negocio, éste no existiría en la zona metropolitana y en el esto de los municipios del estado.
La anunciada suspensión del transporte convocada por los concesionarios y permisionarios es un acto de extorsión a los ciudadanos, y el gobierno debe imponer la ley contra los actos de presión.
El pésimo servicio del transporte colectivo de pasajeros es una de las muestras de la voracidad de los dueños de las concesiones, empresarios que históricamente han vivido de los subsidios gubernamentales.
Los poblanos no merecen un transporte de “cuarta” como que ofrecen los concesionarios que solo les interesa aumentar sus ingresos, sin importarles la calidad del servicio, desde las unidades hasta la falta de capacitación y educación vial de los conductores.
El gobierno regulador del servicio les ha dado todos los beneficios, incluido el aumento de las tarifas, con cargo a los usuarios, sin que se vea reflejado en el mejoramiento del transporte digno.
En el último incremento a las tarifas en el 2019, bajo la administración de difunto gobernador Miguel Barbosa Huerta, los concesionarios y permisionarios se comprometieron a modernizar y renovar el parque vehicular, pero lo que transita por las calles y avenidas es un verdadera basura.
Para los ciudadanos usuarios del transporte público de pasajeros fue una tomadura de pelo el acuerdo de concesionarios y el gobierno morenista de la “Cuarta Transformación” porque es un servicio de “Cuarta”, pese a presumir el principio de “primero los pobres”.
Puebla estado y ciudad capital figuran en el top cinco de las ciudades más importantes del país, pero las condiciones del transporte público están muy, pero muy alejados del servicios y calidad que se ofrecen otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, CdMx, Tijuana…
Con un gobierno aldeano sin alto de miras, con un transporte público de pasajeros propio de países bananeros, Puebla enfrenta un rezago en la calidad en el servicio, por lo que no justifica se incremente el precio del pasaje.
La parálisis del servicio programado para este lunes 2 de diciembre, es una verdadera provocación al público usuario y un intento de extorsión a las autoridades estatales reguladoras.
No se le puede llamar paro ni huelga porque ese es un derecho de los trabajadores, no de los patrones dueños del servicio del transporte que no tiene freno ni límites para obtener más ingresos con el aumento de tarifas, sin invertir en la mejora del servicio que sigue siendo de cuarta o quinta, permitido por las autoridades estatales.
El gobierno estatal cuenta con las herramientas jurídicas para revocar las concesiones porque su obligación primaria es el interés de la población usuaria, y tiene facultades para requisar el transporte mediante un decreto de revocación de las concesiones.
Recientemente, tras las violaciones en los cobros de las tarifas en efectivo del transporte público, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ordenó requisar todas las rutas que excedieron su cobro.
A través de una publicación en el Periódico Oficial del Estado, la administración estatal informó que se tomaría posesión de la empresa, bienes y servicios de Transportes.
En Puebla, el gobierno morenista de la 4T, está en la disyuntiva: defiende a los usuarios de la voracidad de concesionarios, o accede a la extorsión para incrementar el precio del pasaje en detrimento de la economía de la población que presume defender. Veremos cómo actúa.
X@pabl_ruiz
Face: Pablo Ruiz Meza
E-mail: pabloruiz91516@gmail.com
