Los gobernantes creen que al condenar los crímenes y dar las condolencias a las familias de las víctimas, con la frase del formato oficial que “se investigarán y no quedarán impunes”, abatirán la inseguridad pública y acabarán con la delincuencia. Con los hechos recientes de violencia que terminaron con la vida de cuatro policías estatales en Chignahuapan, de dos uniformados municipales en San Miguel Xoxtla y Atlixco, respectivamente, se demuestra que los tres órdenes de gobierno están rebasados y carecen de estrategias.
En todos los casos donde han privado de la vida a policías en el estado, son las células del crimen organizado las responsables, debido a la indolencia de la SSP y a la improvisación de policías municipales por parte de los alcaldes.
No fue suficiente para las autoridades estatales y los mandos policiacos el antecedente del fusilamiento de seis policías municipales de Amozoc, en junio de 2018, con el tiro de gracia, luego de ser emboscados y desarmados por un grupo armado de huachicoleros.
Nadie en la administración estatal del gobierno sustituto quiere asumir la responsabilidad del abandono de obligaciones primarias como revisar la certificación de las policías municipales, la aprobación de la prueba de control de confianza de los uniformados y la capacitación, como ocurrió con los dos uniformados asesinados en San Miguel Xoxtla.
Fue muy fácil para la oficina de prensa de la SSP estatal divulgar versiones “fake” para encubrir a los jefes policiacos, al referirse al asesinato de los dos policías municipales con el argumento de que no contaban con la respectiva certificación, como si eso justificara los crímenes.
La oficina de prensa de la SSP encubre la ineptitud de los mandos policiacos cuando ocurren homicidios dolosos, al utilizar el formato de la desinformación al atribuirlo a supuestos enfrentamientos “de bandas rivales”, para así lavarse las manos.
El gobierno de Sergio Céspedes hizo caso omiso a las denuncias de corrupción de mandos policiacos y subalternos involucrados con el crimen organizado en la comisión de diversos delitos, como el robo a transporte de carga y el narcomenudeo.
El Sol de Puebla investigó que el reciente crimen en Las Ánimas de un presunto “agente de tránsito”, en realidad se trataba de un policía estatal dedicado a comercializar la droga incautada en los operativos, para regresar lo decomisado a las calles, por órdenes de mandos policiales.
Intereses inconfesables de corrupción dejó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta en la SSP, de tal magnitud que el gobierno sustituto mantuvo a los mismos mandos altos y medios de la policía.
Sin una estrategia de seguridad pública para abatir los índices delictivos, y para no contradecir la línea presidencial de los abrazos y no balazos, el gobierno y los alcaldes han entregado los municipios a la delincuencia, como ocurrió en Amozoc, Tehuacán y otras demarcaciones gobernadas por Morena y sus partidos aliados.
Es tal la impunidad y la indolencia gubernamental que septiembre fue el mes más opulento con 127 homicidios dolosos, con un promedio de 4 asesinatos diarios, y en octubre con 74, con un promedio de 2.3 crímenes diarios.
Como ocurre en otras entidades con altos índices delictivos, en Puebla se cometen homicidios con la firma del crimen organizado, como lo es rematar en hospitales a sus víctimas.
Así ocurrió en Atlixco el 4 de noviembre cuando un grupo de civiles armados ingresó al Hospital General de Atlixco, Gonzalo Río Arronte, para ultimar a un paciente que era atendido por lesiones de arma de fuego; en la huida dispararon contra dos policías municipales, privándolos de la vida.
Los tres órdenes de gobierno tienen perfectamente claro el mapa delictivo del estado, la identidad de los líderes y las bandas del crimen organizado, el territorio bajo su control, sin embargo, no solo hay tolerancia, sino sospechas de compartir el ejercicio del poder político y económico.
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