Pasan los días, a punto de cumplirse un mes, y parece que el gobierno de la república no termina por dar un golpe de timón a la fallida estrategia de seguridad pública, basada en atacar el origen del fenómeno de la delincuencia que atribuye a la desigualdad social y a la pobreza.

Pasaron seis años de gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, y la velocidad del crecimiento de la delincuencia organizada en el territorio nacional es mayor. 

Contrastan las estadísticas oficiales de la INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que documentan los índices delictivos, principalmente los homicidios dolosos, con la lentitud de los resultados de los programas sociales, si tuviera sentido la estrategia del oficialismo.

El fracaso de la supuesta estrategia de abatir el origen de la delincuencia atacando la pobreza, lo que sustenta la política de “abrazos y no balazos” a los delincuentes porque también tienen derechos humanos, tiene como referente las estadísticas del Coneval respecto al incremento de la pobreza extrema.

En la fase del segundo piso de la 4T, que tiene las mismas expresiones autoritarias, las primeras acciones no parecen rendir frutos, y por el contrario, parece se están agravando frente el mayor deterioro de la inseguridad pública.

El asesinato el domingo por la mañana del sacerdote indígena Marcelo Pérez, cometido en la comunidad de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, deja de manifiesto que nada cambiará en el segundo piso de la 4T, más bien se agravará.

Como ocurrió en el gobierno de López Obrador, se agravan los asesinatos en el segundo piso de la 4T de Claudia Sheinbaum Pardo, porque siguen asesinados a empresarios, sacerdotes, abogados, alcaldes (decapitados como el de Chilpancingo, Guerrero), políticos…

En un gobierno de la “continuidad” donde solo se sigue a pie puntillas el “legado” de AMLO, es imposible ahora, a casi un mes del actual sexenio, otorgarle el beneficio de la duda a Sheimbaum respecto a los resultados, porque es una lamentable extensión del estilo de gobernar.

La ingenuidad de algunos respecto a la “esperanza” de que el gobierno de Claudia Sheinbaum fuera distinto al de su mentor, solo confirma que no entienden el proyecto transexenal de la mano que mece la cuna.

Frente a los hechos de violencia generada por la delincuencia, lo mismo en Sinaloa con la narcoguerra, en Chiapas, Tabasco, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, CdMx… el gobierno empieza a desvanecerse, claudicante ante uno de los poderes fácticos.

En este contexto es insultante la participación del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya entre los mandatarios morenistas firmantes calificando de ilegales las acciones de una jueza que otorgó un amparo definitivo contra la reforma al Poder Judicial Federal.

Rocha avaló la actuación de la Fiscal General del Estado en el montaje en el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en una trama donde lo involucran en el operativo para secuestrar al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

Es difícil entender el cinismo de gobernadores como el de Veracruz, Cuitláhuac García, de firmar el documento contra una juzgadora federal, cuándo él ha utilizado a la Fiscalía y jueces locales de su estado para perseguir y encarcelar a sus opositores. Por mencionar a dos, pero hay más…

En menos de un mes, con un país donde los criminales mandan, el segundo piso de la Cuarta Transformación se empieza a desdibujar.

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Face: Pablo Ruiz Meza

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