El conflicto entre los Poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, motivado por la reforma obradorista para elegir con el voto popular a jueces, magistrados y ministros, tiene en riesgo la independencia del PJ y la estabilidad en el empleo de los trabajadores.
Todo indica que la reforma será aprobada por la mayoría legislativa del partido Morena y sus aliados del PT y el PVEM, y lo que está por venir es un daño terrible a la calidad e independencia de los juzgadores, que serán electos por simpatía partidista y no por capacidades.
Los servidores públicos contratados en los tres órdenes de gobierno de la 4T obedecen al criterio de 90 por ciento de lealtad política a Morena y el 10 por ciento de capacidad, pasando por encima los requisitos para desempeñarse en la función pública.
Perfiles como la llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, que desconoce el número de artículos de la Constitución, es un botón de muestra de lo que está por venir en esta decisión de elegir en urnas a jueces, magistrados y ministros.
Como ocurre en las elecciones constitucionales en los tres niveles de gobierno y en la integración de parlamentos federales y locales, los grupos económicos de interés, la delincuencia organizada y el partido oficial promoverán a personas afines en juzgados de distrito y en la Suprema Corte.
La aprobación de la elección popular de jueces, magistrados y ministros no sólo afecta la carrera judicial, sino que le cierra las puertas a los egresados de las escuelas, colegios y facultades de Derecho.
Los estudiantes de Derecho estarán más interesados en hacer carrera política que carrera judicial para aparecer en las boletas de votación del oficialismo y obtener un cargo, nada más y nada menos, que en el Poder Judicial Federal.
Lo que deben saber los estudiantes de Derecho, los egresados y los abogados de carrera judicial, es que nunca llegarán a un juzgado de distrito, a una magistratura o ministro de la Corte, si no pasan por el filtro del partido oficial y del presidente de la República en turno.
Deben considerar que tendrán prioridad aquellos candidatos designados por el partido y los grandes despachos de abogados ligados al oficialismo para contar con jueces, magistrados y ministros “a modo” al servicio del titular del Poder Ejecutivo.
Abogados y abogadas que han dedicado su vida académica y profesional a la carrera judicial, verán truncadas sus aspiraciones, mientras que espera a los trabajadores del Poder Judicial un riesgo de permanencia en su empleo, sin la protección de sus derechos por los dos sindicatos que los han abandonado a su suerte con el paro indefinido de labores.
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