Como lo había publicado en esta columna, el Gobierno Federal suspendería el pago de la nómina a los trabajadores, jueces y magistrados que realizan el paro de labores en el Poder Judicial Federal. El banderazo para no pagar salarios a los paristas lo dio la mismísima presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en una conferencia de prensa del miércoles 21, al aseverar que “si no trabajan, no hay salario”, y lo reiteró el jueves siguiente.
De inmediato la Secretaría de Hacienda envió un exhorto al Consejo de la Judicatura del PJF para no pagar la nómina porque el paro de labores es “ilegal” y no se cumplieron procedimientos ante los tribunales laborales, con la advertencia de que habrá despidos por faltas injustificadas.
Se trata de un mensaje ominoso a los más de 55 mil trabajadores sindicalizados y de confianza al servicio del Poder Judicial de la Federación en las 32 entidades, incluidos los jueces y magistrados de distrito, quienes están a un tris de quedarse sin salario y sin empleo.
Con esta medida de suspensión de salarios y el amago de despidos, el oficialismo con el gobierno de Morena está en la ruta del PAN en 2009 de cometer una medida extrema de un despido masivo de 55 mil trabajadores.
Una medida similar ya ocurrió en México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con el despido de más de 44 mil trabajadores al liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en aquel del 10 de octubre de 2009.
En este 2024, el régimen del gobierno de la Cuarta Transformación, que ha reiterado que no son iguales a anteriores administraciones, desconoce el paro en el Poder Judicial y amenaza con despidos.
La Secretaría de Hacienda solicitó al Consejo de la Judicatura Federal dejar de cubrir los salarios del personal que se manifieste e incluso despedir a quienes mantengan el cese de actividades en protesta.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, desconoció como legítimo el paro nacional indefinido que llevan a cabo jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial desde el primer minuto del miércoles 21 de agosto.
En el documento, del que EL UNIVERSAL posee copia, se argumenta que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en irregularidades tras emitir la circular 16/2024, en la que se dio conocimiento al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos del inicio del paro, bajo el amparo de la fracción X del apartado B del artículo 123 constitucional, que se refiere a lo relativo a las actividades de huelga de servidores públicos: “Sin embargo, la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Consejo de la Judicatura está obligado a pagar las remuneraciones de los servidores públicos a su cargo, “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones”.
Advierte el Gobierno de la 4T, a través de la SHCP: “Constituye una falta grave que amerita sanciones que enunciativamente, pero no limitativamente pueden comprender desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en los diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros”.
Como en los gobiernos del PRI y el PAN, la política del garrote es utilizada por el oficialismo de Morena en la 4T para acabar con la disidencia y la resistencia a medidas gubernamentales que afectan a los trabajadores, como ocurre en este caso inédito del paro de labores de 55 mil trabajadores, junto con jueces y magistrados de distrito del Poder Judicial de la Federación.
X @pabl_ruiz
Face: Pablo Ruiz Meza
E-mail: pabloruiz91516@gmail.com
