El paro de labores del personal de Poder Judicial de la Federación es tan inédito en la historia del país, como lo es la iniciativa presidencial de hacerse del control de este Poder del Estado, mediante una reforma para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros.
Miles de trabajadores al servicio del Poder Judicial federal, en por lo menos la mitad de los estados del país, decidieron suspender sus actividades y declararse en rebeldía contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de un enfrentamiento inédito entre Poderes del Estado, el Judicial contra el Ejecutivo y Legislativo, Estos últimos en poder del partido oficialista, Morena, que, a nombre de los resultados electorales del 2 de junio, va por el control del Poder Judicial.
Más allá de las limitaciones del derecho a huelga de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, en el apartado B del artículo 123 constitucional, el paro de labores de facto, con la presencia de los colores rojo y negro en la propaganda, símbolo universal de la huelga, establece una medida sui géneris en este conflicto entre Poderes del Estado.
Puesto en perspectiva, estamos frente a un conflicto que terminará en un choque de trenes, y de unificarse el Poder Judicial de la Federación contra la reforma que será aprobada en la Cámara de Diputados, el escenario es de pronóstico reservado.
El choque entre el Poder Judicial Federal con los Poderes Ejecutivo y Judicial, con un paro de labores que amenaza con generalizarse en las 32 entidades, pude tener un desenlace fatal con los trabajadores, jueces, magistrados y ministros que puede empezar con la asfixia financiera con la retención de salarios de las nóminas y servicios, decisión en poder de la Secretaría de Hacienda.
El segundo recurso que tendrá en sus facultades constitucionales el Gobierno Federal, en el extremo puede ser la orden de intervención de la fuerza pública para recuperar las sedes del Poder Judicial de la Federación, una vez consumada la aplicación de la reforma judicial, con nuevas autoridades judiciales electas con el voto popular en 2025.
De mantenerse el paro de labores indefinido, la primera medida de presión será la financiera al Poder Judicial federal, con la suspensión del pago de nómina.
De esta manera le apostará el gobierno de la 4T, con Claudia Sheinbaum como titular del Ejecutivo federal, al desgaste del movimiento de resistencia a la reforma judicial, algo similar a la ocurrido con los policías de Campeche, aplicado por la gobernadora morenista Layda Sansores.
Por su dimensión política y jurídica, se tratará del primer gran conflicto del entrante Gobierno Federal que aplicará de manera implacable todo el poder del aparato del Estado para hacer cumplir la reforma al Poder Judicial, echando a andar toda la maquinaria de la propaganda oficial.
Le espera a empleados paristas del Poder Judicial una campaña maniquea del Poder Judicial versus “pueblo bueno”, aprovechando la parálisis de miles de casos por resolver en juzgados y colegiados, que será materia suficiente para la contraofensiva.
No será fácil para los integrantes del Poder Judicial federal mantener un paro indefinido de labores, teniendo encima al aparato del Estado, porque puede tener un desenlace fatal que dejará un antes y un después de la división de Poderes en México.
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