Ejidatarios piden a AMLO revele avalúo para la indemnización  

El secretario de Gobernación Javier Aquino Limón y funcionarios federales, continuaban el viernes por la noche con el diálogo con ejidatarios y sus asesores para liberar totalmente el tramo de la autopista México-Puebla, bloqueada por más de tres días. Jorge Portilla, asesor de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, consideró que hay sensibilidad por parte de Aquino Limón para encontrar una solución, partiendo del acuerdo de no criminalizar la protesta campesina, luego de las denuncias en su contra en la Fiscalía General del Estado.

Precisó que las pláticas para un acuerdo se realizan en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo estatal, y esperan que el gobierno federal les presente el avalúo y los montos de la indemnización.

Acudimos de inmediato a la mesa de diálogo porque ha sido desde un inicio el planteamiento de esta protesta: “dialogar y dialogar, claro está, con respeto y en los mejores términos”, dijo el activista y asesor agrario.

Informó que en principio pidieron al gobierno estatal respeto a la protesta sin que haya criminalización de la misma con la persecución judicial por este tipo de reclamos, negociación, apuntó, que ha rendido frutos en el tema en el estado tiene competencia de manera directa.

En este sentido explicó que de la autopista Tlaxco -Tejocotal hay un compromiso de gestionar los recursos para el pago de la afectación en esta vialidad y se establecerá un cronograma.

Se avanza de manera conjunta porque es parte de un proceso de conciliación, gracias a la sensibilidad por los afectados y el gobierno, por lo que se accedieron a liberar esa vía y abrir un carril de la autopista México-Puebla.

A lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del viernes, Portilla aseveró que el titular del Ejecutivo federal cuenta con muy mala información.

En entrevista radiofónica con el periodista José Cárdenas de Radio Fórmula, el asesor de los campesinos señaló que el avalúo al que hizo referencia del presidente “no lo conocemos y hasta donde yo sé, no existe”.

Puntualizó Portilla: “no sé si él (AMLO) tenga otra información y si efectivamente ya cuentan con el avalúo, pero si existiera ¿por qué no se da a conocer?, o sea, nosotros no lo conocemos y por consecuencia, por lógica, no podemos oponernos, ni negar ni aceptar nada que desconocemos”, respondió así el asesor de los ejidatarios.

El conductor del noticiario reprodujo el audio video de lo expresado por López Obrador:

“Claro, pero éste se definió en el avalúo, se les va a pagar; sin embargo están mal informados por estos abogados, entonces quieres se les pague más, y si nosotros hacemos eso, estaríamos cometiendo un delito, el presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo”.

Portilla se refirió también a la postura presidencial de no reprimir la protesta, al responder que en este conflicto que motivó el bloqueo de la autopista, convergen distintos derechos.

En este sentido, subrayó, el derecho de los campesinos del ejido Ignacio López Rayón y otros ejidos del municipio de Tlahuapan, en primer término, es el derecho de la propiedad, porque la propiedad al día de hoy le pertenece a los ejidatarios, dado que no hay un decreto expropiatorio, son hoy por hoy los dueños de la Tierra.

Por otra parte, dijo, el derecho a la manifestación; indudablemente esa es fundamental, y el derecho a recibir la indemnización respectiva que la autoridad dictó; “desde luego que nosotros creemos en la figura presidencial”, pero el pago tiene que darse porque es una obligación del Estado al desahogarse el procedimiento jurídico respectivo.

El gobierno inventó presunto fraude

Jorge Portilla aclaró a pregunta expresa del presunto fraude millonario cometido por el comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Carlos Sánchez Alpízar, quien enfrenta un proceso penal, debido al manejo mediático de un funcionario estatal, sin que lo mencionara por su nombre.

El asesor de los ejidatarios respondió al respecto que “hay mucha información falsa, muchísima, honestamente, ya diferenciando los ejidos del municipio indemnizados.

El ejido de Santa Rita Tlahuapan, explicó, recibió por concepto de indemnización un pago, que si bien no fue total, sí contempló la mayor cantidad que se estableció en el decreto expropiatorio.

Precisó que ese dinero no se entregó por el gobierno en 1968, como se ha divulgado, sino que fue entregado hasta el 2018.

Sánchez Alpízar recibió los recursos porque la indemnización era en favor del ejido y él, en su carácter de representante legal del ejido, dado que en ese instante tiene el carácter de comisario como presidente ejidal, junto con el secretario y tesorero, recibieron el recurso a nombre de la asamblea ejidal.

¿En qué estriba la falsedad?, preguntó Portilla y lo respondió: “¿que él se llevó el recurso y no se repartió el dinero, eso es falso; el recurso lo distribuyeron, y lo distribuyeron en apego a un acuerdo de la asamblea general de ejidatarios, como su reglamento interno, como la propia ley agraria lo determina; ellos son autónomos y determinan la forma en la que distribuyen recursos, ¡lo distribuyeron!”.

Puntualizó que el problema básicamente se deriva de que un grupo minoritario inconforme con la determinación de la asamblea, no lo aceptaron y presentaron una demanda ante el Tribunal Agrario, solicitando que a ellos se les dé el recurso, en ese sentido el Tribunal resolvió no tenían absolutamente ningún derecho.

Los reclamantes eran apenas cinco o seis ejidatarios, y que el resto, de quienes se presentaron en esa demanda, ni siquiera tenían carácter. “¿Qué pasó? , que alentados por algunos medios de comunicación y funcionarios (estatales), de manera mediática fueron haciendo señalamientos, entre ellos se encuentra los ex integrantes del comisariado ejidal, y criminalizado esto, pero realmente el recurso se distribuyó bien”.

Agregó incluso que hace unas semanas los ejidatarios tuvieron una asamblea y precisamente reconocieron este hecho.

Al responde el por qué en 2021 se presentó la denuncia penal contra Carlos Sánchez por presunto fraude, respondió que único que sabe es que los denunciantes son justamente ese grupo que recién tienen una sentencia del Tribunal Agrario que les respondieron no tenían ningún derecho.

“La semana pasada, una a dos semanas, un segundo Tribunal Colegiado también le respondió confirmando esa sentencia en el sentido de que no tienen derecho”

Añadió que los encargados de la defensa jurídica del comisariado ejidal aportarán la sentencia del Tribunal Colegiado, “porque en realidad quienes los denunciaron no tenían derecho, pero mediáticamente se les persigue y desafortunadamente enfrentan esos procesos penales”.