Concentrados y ocupados en el proceso electoral para hacer ganar a los candidatos en las elecciones federales y locales, las autoridades abandonaron la seguridad pública. Y no es que estuvieran haciendo la gran cosa para la contención de la delincuencia en los diferentes puntos cardenales del territorio poblano, en el último lustro han tirado la toalla.
La inseguridad pública en el estado está en ascenso constante ante un incontenible avance de células delictivas, principalmente del crimen organizado, que han arrasado con todo.
En la entidad poblana no sólo controlan amplios territorios en la fuerza de la violencia, sino que han logrado infiltrar a las policías preventivas, Estatal y Municipal, e imponer mandos policiacos.
Pero han ido más allá de controlar las corporaciones policiales, en las pasadas elecciones incursionaron con candidatos propios, comprando candidaturas a partidos nacionales y locales.
Como ocurre en el resto de los estados del país, en Puebla avanzan en el control de la economía a través de la extorsión y cobro de piso a cuanta unidad económica se les cruce en el camino, sin importar los giros de los negocios, ni su tamaño.
En el gobierno de la Cuarta Transformación, con dos gobernadores del periodo constitucional, el electo y el sustituto, Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, respectivamente, el resultado en materia de seguridad pública ha sido un rotundo fracaso.
La delincuencia ha rebasado a las autoridades estatales y municipales, frente a la pasividad de los destacamentos federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
En ambas administraciones, las corporaciones policiacas y los respectivos mandos, pasados y actuales, fueron corrompido por los grupos delincuenciales que se disputan el control del estado.
El caso más patético de corrupción y complicidad con la delincuencia fue el protagonizado por el chiapaneco Raciel López y sus muchachos, a quienes Barbosa al final calificó de “bandidos”.
Pero el daño ya estaba hecho y en la corporación siguió campante la corrupción, y nada ha cambiado con el actual secretario de Seguridad del gobierno sustituto, Daniel Iván Cruz Luna.
Los resultados son medibles y uno de ellos es reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la medición diaria del número de víctimas de homicidio doloso, la peor cara de la violencia.
Un promedio de tres y 2.8 crímenes se cometen diariamente en el estado, con destacada presencia entre los estados más violentos con homicidios dolosos de más de nueve un día.
Los hechos delictivos relacionados con la delincuencia son incontrovertibles, y lo mismo ejecutan a personas en la zona metropolitana, como ocurrió en un casino en Sonata, en San Andrés Cholula, o en municipios rurales.
La saña con la que se cometen asesinatos como la ineptitud policial, no dejan de sorprender por lo grave de la situación en materia de seguridad pública, misma que se espera mejore o se revierta con el gobierno entrante, también de la 4T.
Qué explicación puede dar el gobierno, más allá de lamentarlo y como siempre declarar que se hará justicia, con hechos más recientes.
El lunes 15 de julio se informó del hallazgo en un predio limítrofe entre Altzayanca, Tlaxcala y Libres, Puebla, una parte de los restos de una persona identificada como Ricardo M., quien había sido privado de la libertad por civiles armados en la colonia Reforma Sur, en la ciudad capital.
Antes, el pasado fin de semana, en una fiesta de XV años realizada en el salón de Beli, en la junta auxiliar de Cuacnopalan, fue baleado el alcalde de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano.
Ubicado el municipio en el llamado “triángulo rojo”, controlado por la delincuencia organizada, un grupo armado ingresó al lugar donde se llevaba a cabo la fiesta de la hija del subdirector de Seguridad Pública, Genaro Reyes Silva.
En el lugar también estaba el director de Agricultura del ayuntamiento, Jesús Román Pérez, así como otros funcionarios municipales, algunos de ellos resultaron con lesiones por arma de fuego.
Otra autoridad municipal fue víctima de la delincuencia, en el sur del estado, en Chiautla de Tapia, donde fue ejecutado en pleno Zócalo el comandante de la Policía Municipal, la mañana del sábado 14 de julio.
El estado atraviesa por su peor momento en materia de seguridad pública, donde el común denominador es la fuerza avasallante de la delincuencia que ha rebasado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Si los ciudadanos le dieron el voto a Morena, como ocurre con el dinero de los programas sociales, amor con amor se paga también en materia de seguridad pública, regresándoles la paz, porque es una obligación gubernamental.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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