El video divulgado en redes sociales en el momento del asesinato del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, Guerrero, revivió el estremecedor crimen del aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. José Alfredo Cabrera Barrientos, militante del PRI en coalición con el PAN y PRD, se dirigía al escenario modesto acompañado por sus seguidores para dar un mensaje a sus simpatizantes por el cierre de campaña.
El sicario autor material del homicidio, apoyado por dos de sus cómplices, lograron burlar la seguridad del candidato al hacerse pasar como simpatizantes para privarlo de la vida.
Con base en los últimos reportes policiales, el sicario que disparó contra el candidato fue abatido por los elementos de seguridad, y dos de sus cómplices detenidos, puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Fue un hombre en silla de ruedas quien, utilizando su presunta condición para acercarse al candidato, portando oculta el arma de fuego que proporcionó al asesino, una vez vulnerado el círculo de seguridad del candidato a la alcaldía guerrerense.
Pese a lo ocurrido, el hecho pareciera como un acto “normal” de los miles de homicidios dolosos que se cometen en los estados, sin que escandalizara, por tratarse de un asesinato atribuido al crimen organizado.
Si esto hubiera pasado en un proceso electoral con un gobierno presidido por el PAN o del PRI, la oposición ya hubiera montado toda una acción mediática de condena al crimen, pero hoy al frente del gobierno, han guardado silencio.
Guerrero es un estado administrado por Morena, y al igual que el Gobierno Federal de la misma filiación partidista, ni condena ni activa los protocolos de investigación criminal.
Ha ocurrido en el país el proceso electoral más violento de la era posrevolucionaria, con un Gobierno Federal tan indolente como el de Andrés Manuel López Obrador.
Al amparo de “los abrazos” a los delincuentes como estrategia en seguridad pública, el crimen organizado votó a balazos en estas elecciones del 2 de junio para eliminar, intimidar o bajar a los aspirantes o candidatos a los cargos de elección popular en los estados del país.
Con la imagen del arma de fuego empuñada y accionada por el sicario contra el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, sintetiza la participación de la delincuencia en el proceso electoral federal y en los estados.
Puebla fue de los estados víctimas de la delincuencia intervencionista a balazos y con sangre para influir en las elecciones financiando o figurando como candidatos a cargos de elección popular.
Todo indica que en este proceso electoral todavía no se ve lo peor de la violencia, como si fuera poco lo ocurrido, pero la jornada comicial no tendría por qué ser diferente.
En las últimas horas previas a la jornada comicial se han denunciado y documentado la compra de votos en domicilios particulares, lo que avecina un cúmulo de ilícitos que pueden derivar en actos delictivos, como reventar la votación en casilla.
La única manera de contrarrestar la violencia electoral es que los ciudadanos salgan a votar de manera masiva para impedir se imponga la criminalidad en las urnas, infundiendo miedo y terror al electorado.
