No será fácil para el INE e IEE de Puebla realizar su trabajo en municipios del estado con importante presencia de grupos delictivos.
Un reto será también para los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad a los aspirantes, precandidatos y candidatos a gobernador, alcaldes y legisladores.
Si no hay una estrategia de contención ni combate frontal a la delincuencia, cómo pretende el gobierno garantizar la seguridad e impedir se cometan delitos contra actos políticos en el estado.
Son diez las personas asesinadas en el país, de diciembre pasado a lo que va del mes, todas relacionadas al proceso electoral 2024, tanto locales como federales.
Se trata de ataques directos contra ciudadanos aspirantes a diferentes cargos de elección popular, entre alcaldes y legisladores.
Ayer domingo en el Estado de México fue baleados Yair Martín Romero Segura, junto con su hermano Joan Martín.
Yair Martín se registró en el proceso de Morena para una diputación federal por el distrito 16 de los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla.
Un par de sicarios privaron de la vida al joven político y a su hermano; se trató de un ataque directo, según reportes oficiales de los agentes investigadores.
Los crímenes de políticos empezaron en el 21 de diciembre en Acapulco, Guerrero, donde fue asesinado Ricardo Taja Ramírez, precandidato a la alcaldía de Acapulco.
Para el primer mes del año fueron cinco los políticos privados de la vida: Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Morelos; David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio.
Sergio Hueso, aspirante a la candidatura de MC a la alcaldía de Armería; Miriam Nohemí Ríos Ríos, dirigente de MC de Jacona, Michoacán.
Marcelino Ruiz Esteban, perredista exalcalde de Atlixtac, Guerrero que aspiraba a esa alcaldía. En el mismo ataque fue asesinada su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del PRD.
Este febrero las víctimas fueron Jaime Vera, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco, y Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas.
EN PUEBLA, CRÍMENES EN 2018 Y 2020
Puebla no ha estado exento de este tipo de crímenes relacionados con el proceso electoral, como ocurrió en la Sierra Norte, en junio de 2018.
Juana Maldonado, candidata del Partido Verde a diputada del distrito dos, con sede en el municipio de Huachinango, y Erika Cázares, regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, fueron asesinadas a balazos en el municipio de Jopala.
Dos años después, en noviembre de 2020, los abogados Filemón Contla y Emmanuel García, integrantes del equipo de precampaña de Carlos Barragán, aspirante a la alcaldía, fueron asesinados en una cafetería, en el municipio de Xicotepec de Juárez.
En un estado como Puebla donde se comete un promedio diario de 3 homicidios dolosos, es alto el riesgo se cometan este tipo de crímenes con motivaciones políticas, donde el dedo que jala el gatillo es la delincuencia organizada que domina buena parte del territorio poblano.
Desdeñoso como lo es el gobierno estatal en materia de seguridad pública, la entidad poblana está a merced de la delincuencia que ganada cada vez mayor influencia en comunidades y municipios.
PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
En Puebla son 11 organizaciones criminales que tienen presencia en 62 municipios, un aproximado de 1.59 millones de kilómetros del territorio estatal asolados por la delincuencia, de acuerdo con el estudio divulgado “Crimen Organizado en México”, de AC Consultores.
Entre grupos delictivos nacionales y locales identifican la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, grupos de colombianos y venezolanos, así como bandas locales como la de Los Negros, El Grillo, El Kaimán, el Loco Téllez, El Moco, La Fabiola y Los Croquis.
De acuerdo con Crimen Organizado en México de AC Consultores, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 10 municipios poblanos: Puebla capital, Tehuacán, Tepeaca, Tecamachalco, Acajete, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y los Reyes de Juárez.
El Cártel de Sinaloa operan en tres municipios, entre ellos Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
En tanto, Los Zetas han encontrado espacio en 11 municipios como San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Amozoc, Huejotzingo, Tepeaca, Tecamachalco, Acajete, Quecholac, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y San Salvador Huixcolotla.
Los grupos de colombianos y venezolanos operan en 13 municipios: Puebla, Tehuacán, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Ajalpan, Chignautla, Atempan, Altepexi, Zinacatepec y Yaonáhuac.
AC Consultores documentó la presencia de 11 grupos del crimen organizado en 62 de los 217 municipios de Puebla. Además, indicó que de 2005 a 2022, se registraron 15 asesinatos de alcaldes en la entidad que podrían ser responsabilidad de estos grupos.
