En sesión pública ordinaria de la LXI Legislatura, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, que tiene como finalidad robustecer el marco jurídico y garantizar la profesionalización de la función notarial en la entidad, a través de mecanismos de capacitación y evaluación.
El dictamen establece que los profesionales que llevan a cabo la función notarial se deberán actualizar, capacitar y evaluar de manera anual, de acuerdo a la disposición de la Dirección General del Notariado.
También se determina al Servicio Profesional Notarial como el mecanismo de mejora continua establecido para la profesionalización de las funciones.
Y se especifica que los postulantes a titulares de una notaría deberán tener al menos 28 años cumplidos y contar con residencia en el Estado de Puebla, los cinco años anteriores a lafecha del examen, así como acreditar la experiencia en el ámbito notarial mínimo de 10 años.
En este sentido, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló en tribuna que el dictamen también establece la creación de una notaría por cada 25 mil habitantes económicamente activos.
Esta medida permitirá una mejor distribución y control de la actividad notarial, evitando el establecimiento desproporcionado y discrecional.
Asimismo se obliga a las notarías para que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria y los recursos humanos y materiales para ofrecer servicios de calidad.
Por otra parte, las y los diputados de la LXI legislatura avalaron el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado, lo que permitirá establecer procesos más eficientes, seguros y confiables.
El dictamen también busca garantizar la seguridad de la información y el respaldo documental que obre en las oficinas públicas y su disponibilidad por parte de los servidores públicos que participan, así como el acceso a la información en caso de discrepancia, para lo cual se recurrirá a los documentos en poder del Órgano Interno de Control.
