¿A QUIÉN se referían los liderazgos comunitarios de Morena en la región mixteca que impugnaron como posible candidato de la coalición con el PVEM como abanderado del “pueblo bueno”?, no lo señalaron expresamente, pero se referían al priista (¿o ex?) Jorge Estefan Chidiac.
Dirigentes de los municipios de Acatlán, Coatzingo, Huehuetlán, Chietla, Tilapia, Jolalpan, Izúcar de Matamoros, Teotlalco y Chiautla firmaron un documento dirigido a la cúpula de Morena y a AMLO para impedir la postulación de Chidiac, pero ni se atrevieron a llamarlo por su nombre.
DÓNDE está el gobierno de Sergio Salomón Céspedes para atender la exigencia de los vecinos de la zona de Mateo del Regil y la Vista Country Club de frenar los delitos e impunidad de Antorcha Campesina que comete un ecocidio apoderarse de una barranca con escombros en el río Atoyac.
Beatriz Manrique Guevara, de la Secretaría del Medio Ambiente, es un florero (será porque no es poblana), y menos le importa a Conagua del gobierno federal, gobiernos de Morena, que no le tiene miedo, sino pánico al antorchismo. Será porque Morena y Antorcha ¿son de “izquierda”?
QUE fue una “bola de humo” la presunta inclusión de Liz García Vilchis en la encuesta para elegir abanderado o abandera de Morena a la alcaldía poblana, porque ni se inscribió de acuerdo al calendario de la convocatoria, ni ha hecho pie en Puebla para promocionarse.
Se trata de acalambrar a los 17 aspirantes a la postulación, o meter mediáticamente a una tercera en discordia entre el oficialismo que pretende imponer a José (Pepe) Chedraui y a Alejandro Carvajal del movimiento obradorista poblano.
Donde hay inquietud es en la industria automotriz por el riesgo se coloquen banderas riojinegras en la fábrica de autos de lujo de los cuatro aros de la firma alemana por el rechazo de la base trabajadora al 5% de alza salarial ofrecida por la empresa.
César Orta, líder del sindicato de Audi México encabeza las negociaciones en la junta federal de conciliación, con el ofrecimiento patronal de un nuevo porcentajes salarias, que nuevamente será sometida a la votación de los sindicalizados, quienes tienen la última palabra.
