La fatua Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la era de la 4T, tiene de pronto “chispazos” de vida al emitir “recomendaciones” que confirman demora, ignorancia, y desatino. Dos años después de la tragedia por las explosiones por una toma clandestina en la junta auxiliar de la San Pablo Xochimehuacan, culpa de lo ocurrido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al ayuntamiento de la ciudad de Puebla.
En la recomendación 169/2023, la CNDH culpa a la paraestatal por la edificación de viviendas sobre la red subterránea, y también le atribuye responsabilidad de la extracción ilegal de gas.
Asegura la CNDH que preside la Rosario Piedra Ibarra que Pemex tienen el deber del cuidado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas como el gas (sic).
Pemex y Pemex Logística, según Derechos Humanos, “incumplió sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad física para las casas construidas sobre los ductos”. Sic. Jajaja. ¿Qué fue primero, la red subterránea o las viviendas?
Al referirse a las presuntas responsabilidades del gobierno de la ciudad capital, refiriéndose a la actual administración, la CNDH determina que el “ayuntamiento incumplió con su responsabilidad para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo”.
Lo más aberrante es que DH asegure que el ayuntamiento poblano “permitió el crecimiento urbano irregular en San Pablo Xochimehuacan y 22 colonias más, asentadas sobre los ductos” de Pemex.
El asentamiento irregular de viviendas por el crecimiento de la mancha urbana en Puebla y en las ciudades de los estados donde cruza la red de gasoductos y oleoductos de Pemex, no es nueva ni exclusiva de Puebla en este trienio.
La invasión de derechos de paso federales, como ocurre con los ductos de Pemex, es un problema generalizado del crecimiento urbano desordenado en todas las ciudades del país.
Obliga la CNDH a Pemex, dos años después, a la reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas; también, a 11 víctimas indirectas y familiares de las cinco personas fallecidas, con medidas de compensación, cuidado médico, psicológico, y atención tanatológica para su sanación.
Las familias afectadas fueron atendidas por el gobierno estatal en el periodo de Miguel Barbosa, quien ejecutó una reubicación de las familias afectadas con nuevas viviendas.
Pero la CNDH obliga al ayuntamiento “entregar a las víctimas viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas” (sic); ¿cómo será posible reconstruir, rehabilitar y reubicar esas viviendas dañadas por las explosiones en la toma clandestina en San Pablo Xochimehuacan? Jajaja.
