Se impondrá prisión de dos a 10 años a los servidores públicos del estado que filtren o divulguen información de seguridad pública, con mayor penalización si es clasificada como confidencial. Así lo aprobaron los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Eduardo Castillo López.
Se trata de una reforma por adición al Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de aumentar las penas en materia de delitos informáticos, a quien estando o no autorizado divulgue información de seguridad pública, cuando esté clasificada como reservada o confidencial.
La iniciativa presentada inicialmente por el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez establece reformas al artículo 478 del Código Penal del Estado.
“A quien estando autorizado o sin autorización para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga copia, utilice o divulgue información que contengan, se le impondrá pena de dos a cinco años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización general vigente”, dice el dictamen.
Puntualiza el legislador que dicha penalidad se aumentará hasta en una mitad, si la información está clasificada como reservada o confidencial, en términos de la legislación en la materia o si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública.
De esta manera, en términos de la legislación aplicable, será destituido e inhabilitado por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Eduardo Castillo López, Gerardo Hernández Rojas, Yolanda Gámez Mendoza, Fernando Sánchez Sasia, Silvia Tanús Osorio y Mónica Rodríguez Della Vecchia.
