El gobierno estatal de la Cuarta Transformación enfrenta el reto de cumplir con la máxima obradorista de no mentir, no robar y no traicionar a pueblo. Estos principios que presumía el extinto Miguel Barbosa Huerta, obliga a su sucesor, el mandatario sustituto Sergio Salomón Céspedes, refrendarlos ante la sociedad poblana.
Se dice fácil 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos, pero se trata del daño patrimonial causado a las finanzas públicas por el finado gobernante que se reivindicaba como lopezobradoristas.
El monto financiero se desprende del reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 del gobierno del estado de Puebla.
Para efectos prácticos de quienes se presentaban como los herederos del barbosismo, deben deslindar responsabilidades, hallar el dinero y dar con los culpables de los boquetes financieros.
Una de las banderas de los gobiernos de la 4T, y en particular Barbosa Huerta, era el combate a la corrupción e insistir que no eran iguales a los gobiernos anterior, pero están peor.
Durante 2021, la ASF detectó un presunto daño patrimonial por 3 mil 267 millones 169 mil 300 pesos, pero el gobierno estatal solo pudo solventar 22 millones 269 mil 200 pesos, es decir, sólo el 0.68 por ciento del total, establece un investigación de la reportera Anaid Piñas, publicado por e-consulta.
Y en efecto, los gobernantes morenistas no son diferente a los gobiernos anterior del PRI y PAN en el estado, y en el país.
En la ciudad capital la expresidenta municipal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, flamante aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura, no pudo justificar los contratos que celebró y financió por 15 millones 222 mil 800 pesos, incluidas participaciones federales.
Del presunto daño patrimonial en la entidad de 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos, existe un faltante de 39 millones 997 mil 700 pesos corresponden a 12 municipios que no justificaron la aplicación de las participaciones federales, y el mayor monto es de Rivera Vivanco.
Con este balconeo de la ASF al gobierno estatal de la 4T hará frente a las elecciones locales para renovar la gubernatura, el Congreso local y los 217 ayuntamientos, pero es una deuda con la sociedad poblaba donde la transparencia y rendición de cuentas los tienen sin cuidado.
A este daño patrimonial causado de más de tres mil millones de pesos detectados por la ASF en el ejercicio fiscal de 2021 en la gestión de Miguel Barbosa, hay que sumar el “hoyo financiero” con la pérdida de 600 millones de pesos en Banco Accendo.
A esta cantidad se suma el incumplimiento de la retención del ISR adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 722.3 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2019 y los últimos siete meses de 2020, también en la era barbosista.
¿Qué tan diferente han sido los gobiernos locales de la 4T de Morena con relación a los gobiernos anteriores? ¿Cómo refrendará Morena los principios de no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo?
