Pegarle al bolsillo de los trabajadores, con descuentos o la cancelación de sus derechos laborales como s salarios o seguridad social, no es un buen consejo porque te los echarás en contra. Este principio está en el fondo de la decisión presidencial de la 4T al ordenar a otro Poder bajo su control, el Legislativo, meterle tijera al presupuesto del Poder Judicial, afectando a 35 mil trabajadores con la extinción de 13 fideicomisos.
El golpe a las prestaciones a los empleados del Poder Judicial de la federación al extinguir los fideicomisos es similar a lo ocurrido en 2009 durante el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa.
En esa ocasión, con la extinción de la compañía de Luz Fuerza del Centro, echó literalmente a la calle a 44 mil técnicos electricistas afiliados al SME.
El poblano Javier Lozano Alarcón era entonces el secretario de Trabajo y Previsión Social.
Y aunque el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no son iguales a los anteriores, la historia se repite en el gobierno federal con una medida contraria a los trabajadores, en este caso inédito contra quienes laboran en el Poder Judicial federal.
El adormilado sindicato fue despertado junto con sus dirigentes que al frente del gremio todo podían esperar, menos ser atropellados por los otros dos Poderes, el Ejecutivo y Legislativo.
Hoy con los sindicalizados del Poder Judicial, como ayer los electricistas del SME, enfrentan el Poder del Estado.,
Han recurrido a un “paro nacional” de facto, sin que medie una demanda por violaciones contractuales presentada por el sindicato.
El extremo de la medida de los trabajadores difícilmente podría termina en una huelga nacional porque contemplados en el Apartado B del Artículo 123 Constitucional, carecen de ese derecho, pero no les impide realizarla de facto.
En Puebla como en el resto del país los juzgados del poder judicial de la federación estarán cerrados por el paro nacional del 19 al 24 de este mes, con el riesgo de convertirse un conflicto laboral de larga duración.
Argumentan los trabajadores que defienden derechos laborales afectados por la extinción de 13 fideicomisos.
Según los legisladores de Morena y partidos aliados, los 15 mil millones de pesos cancelados en el presupuesto de egresos de 2024 de los 13 fideicomisos, son “privilegios” en el Poder Judicial, pero los afectados sostienen lo contrario.
Los fidecomisos, aseguran los empleados, están relacionados a los fondos de jubilaciones, servicios médicos, seguros de vida y otras protecciones a jueces, mandos medios y personal operativo, que pertenecen a unos 35 mil trabajadores.
Para los sindicalizados del Poder Judicial, la eliminación de los fideicomisos son una “revancha del presidente” por las decisiones autónomas de la SCJN como la invalidación de reformas como el “Plan B” de la reforma electoral, entre otras.
Pero ya entrados en el tema nacional de los fideicomisos, sería sano que el gobierno federal predicara con el ejemplo y transparentara 178 fideicomisos por más de 557 mil millones de pesos.
DE este volumen de fondos, dos de éstos se crearon para las fuerzas armadas por un monto de 99 mil millones de pesos; en este sexenio los montos crecieron en un 1,700%, documentó “Lupa Legislativa”, gabinete de análisis del gasto público.
Revela además, que en contraste la extinción de los 13 fideicomisos del del Poder Judicial, los diputados autorizaron un fideicomiso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destinado al Tren Maya, por más de 24 mil millones de pesos.
Pero también el Poder Legislativo debe predicar con el ejemplo y transparentar fideicomisos de privilegios como los obtenidos por presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, a quien balconearon con la danza de miles de pesos obtenidos en su beneficio personal.
La cámara de diputados tiene un fideicomiso por mil 631 mdp; 130 mdp de un “guardadito”; sobresueldos a líderes parlamentarios; 40 días de aguinaldo, equivalentes a 100 mil pesos; 75 mil de apoyo legislativo, seguros y gastos médicos, entre otros.
Aclarar cuántos fidecomisos existen en los Poderes del Estado federal y en las entidades, para transparentar cuáles se utilizan para gozar de “privilegios”, y cuáles están relacionados como parte de los derechos de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado.
Pero lamentablemente, como ocurre en la era de la 4T, por la irracionalidad generada por el encono y la venganza, primero ejecutan las decisiones, después averiguan si afecta o no derechos de terceros, como ocurre con los trabajadores del Poder Judicial, con un golpe a sus bolsillos.
