Definidas las dos principales candidaturas presidenciales por el oficialismo y la oposición, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se debe evaluar el saldo de la sucesión presidencial adelantada. Realizadas fuera de calendario electoral por una decisión política del presidente López Obrador con el anuncio de las llamadas “corcholatas”, los procesos interpartidistas han dejado lecciones.
Al iniciar el proceso electoral para los comicios federales y locales concurrente para junio de 2024 donde además de la Presidencia de la República se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales.
Se renovarán nueve gubernaturas: Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán; además 31 congresos locales, 1, 5L0 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.
La sucesión presidencial adelantada nos dejó varias lecciones como sociedad, y los saldos negativos para el sistema electoral por las malas prácticas en perjuicio de la democracia.
En primer lugar, el uso del poder político del gobierno de la república de la llamada Cuarta Transformación para ungir como su abanderada de la continuidad a Claudia Sheinbaum, sin mayor sorpresa porque así fue diseñado por el dueño del partido Morena, López Obrador
La sucesión presidencial adelantada fue un buen distractor de los problemas nacionales que urgen por resolver como la seguridad pública y la creciente criminalidad.
En el juego sucesorio del oficialismo arrastró hasta a los partidos de oposición que entraron al espectáculo circense de la política mexicana.
Una de las primeras elecciones es la urgencia de una reforma electoral que prohíba y sancione campañas fuera de calendario electoral.
Debe impedirse la intervención del gobierno con el uso de recursos públicos en los procesos interpartidistas, desde el oficialismo hasta la oposición.
Fue una pésima lección el vulgar derroche de millones de pesos y la opacidad donde no se transparentó el origen lícito del financiamiento.
Lo único que generó fue sospecha respecto al uso de dinero público federal y de los estados, dinero “caliente” por el pago de favores de empresarios o el riesgo de estar relacionados con actividades delictivas, un despilfarro en un país donde crece la pobreza extrema.
Si bien en el partido gobernante aprobó las reglas internas, tampoco habría que echar a saco roto las denuncias presentadas por Marcelo Ebrard de las llamadas “incidencias” causantes de “nulidad” de la selección de la candidata presidencial.
Lo alarmante en lo ocurrido en Morena es lo que le precedió a las encuestas: el uso de programas sociales, la intervención presidencial, el alineamiento de gobernadores, legisladores y alcaldes, así como el dispendio de dinero público y el de dudosa procedencia.
Ahora todo está en manos del árbitro electoral, el INE, que dejó hacer y deshacer en detrimento de la limpieza electoral y de la democracia; un mal augurio para garantizar campañas equitativas y ahuyentar una elección de Estado en 2024.
