Para evitar que se presenten actos y omisiones que puedan configurar violencia política contra las mujeres en razón de género, en especial, la relativa a limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo público o político.
La medida incluye el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al mismo, de esta maneta el pleno de la LXI Legislatura aprobó un punto de acuerdo con la finalidad de que se implementen acciones en distintas instancias.
El acuerdo fue impulsado por los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, así como por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien señaló que es momento de pasar del discurso a la acción y a los hechos, por lo que el exhorto está dirigido a los tres Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los partidos políticos.
La legisladora expuso que la desigualdad entre hombres y mujeres es una constante que lacera el tejido social y se ha traducido en violencia en todas sus formas, en este sentido, la sociedad y las autoridades enfrentan un gran reto en la materia.
Como parte del orden del día, también se aprobó un exhorto dirigido a los 217 ayuntamientos del estado y a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que de manera coordinada, en el ámbito de su competencia, realicen las acciones que resulten necesarias a efecto llevar a cabo la instalación y funcionamiento óptimo y permanente de los Centros de Reeducación para Agresores, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Al respecto, la diputada Silva Ruiz expuso que este punto de acuerdo tiene como objetivo fortalecer las acciones de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, además, con la instalación de los Centros de Reeducación, se busca la transformación de patrones de conducta violenta, así como impulsar un cambio social.
Durante la sesión ordinaria, también se aprobó un exhorto dirigido a los 217 ayuntamientos, para que se abstengan de promover y/o realizar concursos, certámenes de belleza, elecciones de reina y princesa, y/o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúe, de forma integral o parcial, y con base en estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de las mujeres.
El punto de acuerdo contempla que los gobiernos municipales promuevan la igualdad de oportunidades, la no discriminación y contenidos no estereotipados de mujeres.
Al presentar el dictamen, la diputada Patricia Valencia Ávila señaló que estos certámenes no deben centrarse solamente en evaluaciones de apariencia física o corporal, sino también en evaluaciones de identidad cultural, intelectual, de valores, aptitudes, conocimiento ancestral del municipio entre otros, con esto se procura el respeto a los derechos humanos y la transformación de concepciones y prácticas de discriminación.
En otro momento de la sesión, se avaló un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del gobierno estatal, para que fortalezca la difusión de las campañas de asesoría jurídica y psicológica dirigidas a mujeres madres de familia, con el objetivo de asesorarlas sobre los trámites de pensión alimenticia, guarda y custodia, así como violencia familiar, con las instituciones que las pueden asistir.
Asimismo, las y los diputados aprobaron un punto de acuerdo para que los 217 ayuntamientos realicen la planeación de la política pública en la materia e instalación de sus Sistemas Municipales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el ámbito de sus atribuciones y en términos de lo dispuesto en la Ley.
Por otra parte, también se avaló un punto de acuerdo para que cuenten con un programa de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, que involucre a la Instancia Municipal de las Mujeres, y a todas las dependencias o entidades que garanticen su derecho a vivir una vida libre de violencia.
