“El dinero se sabe dónde está, tengan la certeza de que estamos realizando las gestiones para recuperar la totalidad o la gran parte de esos 604” millones de pesos.
Respondió a diputados y diputadas del Congreso local la secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, María Teresa Castro Corro.
La responsable de las finanzas estatales compareció para explicar el quebranto patrimonial por 3 mil 200 millones de pesos a las finanzas del estado.
Pero en el caso específico del dinero “perdido”, corresponden a tres inversiones hechas el 7 de septiembre del 2021 por la cantidad de 604 millones 127 mil 503 pesos.
Los 604 mdp están relacionados a 14 operaciones financieras solo en el año 2021 por 3 mil mdp a plazos y tasas de interés en Banco Accendo, de la cual solo reportaron una utilidad de 7 millones de pesos.
Fue el 28 del mismo mes que la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó revocar la autorización al Banco Accendo por incumplimiento al mínimo de capitalización como institución financiera.
La administración estatal no ha podido recuperar en su totalidad el dinero invertido y solo ha recibido un pago de un millón 131 mil 372 pesos, así que restan 604 millones 996 mil pesos.
a administración estatal de Miguel Barbosa, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, colocó esos 3 mil millones de pesos en 14 operaciones financieras.
Del monto total invertido, 604 millones de pesos están pendientes por recuperar, según la secretaría de Finanzas, porque el Banco Accendo fue declarado en quiebra por las autoridades bancarias; el banco está descapitalizado y el dueño es prófugo de la justicia.
Esos 604 mdp perdidos o por recuperar, son parte del llamado boquete financiero generado al erario estatal por la devolución de 2 mil 600 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el litigio que el gobierno sostenía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de un reclamo “con dolo” de la devolución de impuestos en 2015.
El indebido reclamo del gobierno estatal a impuestos al SAT en ese año durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, al que el SAT accedió pero posteriormente reparó en el error de que no correspondía e inicio un litigio que finalmente ganó en tribunales y obligó al gobierno estatal pagar el monto y las sanciones, que alcanzaron la cifra de 2 mil 600 mdp.
La cifra total del “hoyo financiero” es de 3 mil 200 mdp, es decir, 2 mil 600 de devolución de impuestos al SAT, y los 604 mdp invertidos en Banco Accendo que fue declarado en quiebra y el gobierno estatal es uno de sus acreedores que espera de las autoridades la ruta de recuperación de lo invertido en 2021.
Respecto al monto pagado al SAT, Castro Corro dijo que en el caso del crédito fiscal “no tenemos certeza de su recuperación, evidentemente hay dolo y hay quebranto”.
Durante su comparecencia en el Congreso quedaron en el aire preguntas como las del diputado ddel PVEM, Jaime Natale Uranga, quien le preguntó a la secretaria de Planeación y Finanzas si existe oportunidad real para recuperar la inversión en el Banco Accendo, y por qué omitió esa información al respecto en comparecencias anteriores, y si se investiga para deslindar responsabilidades de la operación financiera.
Por su parte la diputada del PRI Silvia Tanús les cuestionó a Castro Corro con qué facultades administrativas se hizo la inversión en el Banco Accendo, por qué se eligió esa institución, por qué no supervisó el estado de las inversiones si había avisos, por qué se hizo la inversión en pagarés y cuál fue el motivo real de inversión.
La diputación del PAN a través de Eduardo Alcántara Montiel le cuestionó qué áreas o dependencias de la Secretaría de Finanzas estuvieron involucradas en la inversión de recursos en Banco Accendo, y en qué fecha se hizo del conocimiento a la Secretaría de la Función Pública sobre la inversión fallida.
Del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Karla Martínez Gallegos cuestionó a la secretaria de Planeación y Finanzas cuáles fueron las razones que dieron origen al crédito fiscal, cuál fue la defensa legal, si se presentaron denuncias contra los servidores públicos involucrados y la empresa, así como el estado de las denuncias.
“El dinero se sabe dónde está, tengan la certeza de que estamos realizando las gestiones para recuperar la totalidad o la gran parte de esos 604” millones de pesos.
Respondió a diputados y diputadas del Congreso local la secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, María Teresa Castro Corro.
La responsable de las finanzas estatales compareció para explicar el quebranto patrimonial por 3 mil 200 millones de pesos a las finanzas del estado.
Pero en el caso específico del dinero “perdido”, corresponden a tres inversiones hechas el 7 de septiembre del 2021 por la cantidad de 604 millones 127 mil 503 pesos.
Los 604 mdp están relacionados a 14 operaciones financieras solo en el año 2021 por 3 mil mdp a plazos y tasas de interés en Banco Accendo, de la cual solo reportaron una utilidad de 7 millones de pesos.
Fue el 28 del mismo mes que la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó revocar la autorización al Banco Accendo por incumplimiento al mínimo de capitalización como institución financiera.
La administración estatal no ha podido recuperar en su totalidad el dinero invertido y solo ha recibido un pago de un millón 131 mil 372 pesos, así que restan 604 millones 996 mil pesos.
a administración estatal de Miguel Barbosa, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, colocó esos 3 mil millones de pesos en 14 operaciones financieras.
Del monto total invertido, 604 millones de pesos están pendientes por recuperar, según la secretaría de Finanzas, porque el Banco Accendo fue declarado en quiebra por las autoridades bancarias; el banco está descapitalizado y el dueño es prófugo de la justicia.
Esos 604 mdp perdidos o por recuperar, son parte del llamado boquete financiero generado al erario estatal por la devolución de 2 mil 600 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el litigio que el gobierno sostenía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de un reclamo “con dolo” de la devolución de impuestos en 2015.
El indebido reclamo del gobierno estatal a impuestos al SAT en ese año durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, al que el SAT accedió pero posteriormente reparó en el error de que no correspondía e inicio un litigio que finalmente ganó en tribunales y obligó al gobierno estatal pagar el monto y las sanciones, que alcanzaron la cifra de 2 mil 600 mdp.
La cifra total del “hoyo financiero” es de 3 mil 200 mdp, es decir, 2 mil 600 de devolución de impuestos al SAT, y los 604 mdp invertidos en Banco Accendo que fue declarado en quiebra y el gobierno estatal es uno de sus acreedores que espera de las autoridades la ruta de recuperación de lo invertido en 2021.
Respecto al monto pagado al SAT, Castro Corro dijo que en el caso del crédito fiscal “no tenemos certeza de su recuperación, evidentemente hay dolo y hay quebranto”.
Durante su comparecencia en el Congreso quedaron en el aire preguntas como las del diputado ddel PVEM, Jaime Natale Uranga, quien le preguntó a la secretaria de Planeación y Finanzas si existe oportunidad real para recuperar la inversión en el Banco Accendo, y por qué omitió esa información al respecto en comparecencias anteriores, y si se investiga para deslindar responsabilidades de la operación financiera.
Por su parte la diputada del PRI Silvia Tanús les cuestionó a Castro Corro con qué facultades administrativas se hizo la inversión en el Banco Accendo, por qué se eligió esa institución, por qué no supervisó el estado de las inversiones si había avisos, por qué se hizo la inversión en pagarés y cuál fue el motivo real de inversión.
La diputación del PAN a través de Eduardo Alcántara Montiel le cuestionó qué áreas o dependencias de la Secretaría de Finanzas estuvieron involucradas en la inversión de recursos en Banco Accendo, y en qué fecha se hizo del conocimiento a la Secretaría de la Función Pública sobre la inversión fallida.
Del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Karla Martínez Gallegos cuestionó a la secretaria de Planeación y Finanzas cuáles fueron las razones que dieron origen al crédito fiscal, cuál fue la defensa legal, si se presentaron denuncias contra los servidores públicos involucrados y la empresa, así como el estado de las denuncias.
