La resolución de los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Plan B de la llamada reforma electoral, no es una buena noticia para los legisladores federales Ignacio Mier Velazco y Alejandro Armenta Mier.
Al enmendarle la plana al Poder Legislativo por las violaciones graves al debido proceso en la Cámara de Diputados, le quita bonos a Mier frente al presidente.
Y la misma suerte estaría corriendo las reformas en la Cámara Baja y en el Senado con el albazo legislativo para desaparecer organismos como el Insabi, la financiera rural y modificar el Conacyt, entre otros, en este último caso Alejandro Armenta Mier también estaría en aprietos.
Si bien el secretario de Gobernación federal Adán Augusto López lanzó en redes sociales el grito de guerra al llamara a la cruzada del “Plan C” para votar contra “los conservadores” y ganar la mayoría absoluta en las elecciones federales del 2024, lo relevante es ubicar el papel de la SCJN.
Independientemente de quién esté al frente del gobierno, sea Morena, PRI o Acción Nacional, lo relevante es rescatar la separación de poderes y entender el papel constitucional de la Corte.
Aún con la legítima mayoría de Morena para encabezar el Poder Ejecutivo federal y tener la mayoría en las cámaras legislativas, por ninguna razón a nombre de la mayoría se puede atropellar la ley, y por fortuna para la República, existe un Poder Judicial garante de la constitucionalidad.
Tan así es de relevante el equilibrio de Poderes del Estado que no debería sorprender el sentido del voto del Ministro ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y el voto unánime contra el intento de veto a la intervención del Ministro ponente Alberto Pérez Dayán.
Preocupa el llamado “Plan C” del gobierno de la 4T porque agravará la ya de por sí división entre los mexicanos, propio de las campañas electorales, pero hacerlo desde el gobierno terminará en una peligrosa elección de Estado.
Aún y cuando el movimiento de la 4T, como se lo proponen en el “Plan C” arrollen en las elecciones federales y en los nueves estados en los comicios presidenciales y locales delo 2014, no le da facultades para imponer reformas inconstitucionales.
Tener mayoría absoluta en las cámaras Alta y Baja, no le da de poderes para someter a un poder autónomo como lo es el Poder Judicial.
La narrativa del gobierno y el partido oficial, en el sentido de que la Corte no puede suplantar la decisión de los representantes de la mayoría de los mexicanos expresada en la asamblea popular en las cámaras, es una falsa disyuntiva, y lamentablemente solo alienta a tener un país sin ley.
