En sesión pública ordinaria, diputadas y diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado presentaron, por separado, Iniciativas para reformar la Constitución del Estado, con la finalidad de impulsar la denominada “Ley 3 de 3” y establecer que para tener un cargo de elección popular o del servicio público, la persona no deberá contar con una condena o sentencia por violencia política de género, violencia familiar, ni ser deudor alimentario.
Asimismo, presentaron Iniciativas para impulsar la denominada “Ley Sabina” para que se cuente con un Padrón de Deudores Alimentarios, que sea público y temporal, y que permita fomentar una cultura de responsabilidad con las hijas e hijos.
Para este fin, la propuesta legislativa de la diputada Nora Merino Escamilla pretende reformar la fracción II del artículo 36, la fracción V del artículo 74, la fracción IV del artículo 89, así como adicionar la fracción III al artículo 36 y la fracción VI al artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Puebla.
De igual manera, la diputada Yolanda Gámez Mendoza, a nombre de las y los diputados Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González y José Iván Herrera Villagómez presentó una Iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 22 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de evitar el registro a cargos de elección popular, así como en el servicio público a quienes tengan sentencia firme de tipo penal por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y desarrollo psicosexual. Así como por tener sentencia firme de tipo penal por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género, y por tener sentencia como persona deudora alimentaria morosa.
Presentan propuesta de “Ley Sabina”
Por su parte la diputada Daniela Mier Bañuelos, a nombre de las y los legisladores Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González, José Iván Herrera Villagómez y María Yolanda Gámez Mendoza, presentó una Iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal y del Código Civil del Estado de Puebla, con el propósito de impulsar la “Ley Sabina” en Puebla y garantizar que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones.
Las dos primeras Iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la tercera, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
